El STF condena a Bolsonaro por organización criminal y atiza la polarización política. Foto cortesía de Agencia Brasil

La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) tomó, en la jornada de este jueves (11), una decisión mayoritaria que establece la condena de Jair Bolsonaro (PL) por su participación en una organización criminal destinada a mantenerlo en el poder. La resolución fue alcanzada después de una serie de votos y debates internos en la sesión, reflejando la división de opiniones entre los ministros presentes.

El resultado parcial de la votación fue de tres votos a favor de la condena, incluyendo el voto de la ministra Cármen Lúcia. En su intervención, ella se alineó con el relator del proceso, Alexandre de Moraes, reconociendo a Bolsonaro como líder de la trama y señalando la gravedad de las acusaciones. Por otra parte, el ministro Luiz Fux votó en contra de la condena, defendiendo la absolución del expresidente y minimizando la seriedad de las imputaciones contra él y los demás involucrados. Además de Bolsonaro, otros siete acusados conforman el núcleo principal de la acusación y también enfrentan la posibilidad de ser condenados.

El análisis de la ministra Cármen Lúcia tuvo lugar en un contexto donde se discutían cuatro delitos graves imputados a Bolsonaro y los otros acusados. Entre estos delitos se encuentran el golpe de Estado, la abolición del Estado democrático de Derecho, además de daños calificados al patrimonio público y al patrimonio protegido por su valor histórico. La discusión aún continúa en relación a las sanciones aplicables a cada acusado, incluyendo a Bolsonaro, cuyo máximo de pena estaba establecido en hasta 43 años de prisión, considerando agravantes relacionados con su rol de liderazgo en la organización.

Pero el tribunal consideró que la pena correcta, por la trama golpista, es de 27 años.

Fuertes debates en la deliberación del tribunal

Durante la sesión, uno de los focos principales fue la cuestión relativa a la competencia del STF para juzgar el caso. Desde el inicio, la ministra Cármen Lúcia expresó su desacuerdo con el ministro Fux sobre los aspectos formales del proceso, dejando en claro que, en su opinión, la jurisdicción competente para juzgar la causa es del propio Supremo. Enfatizó su postura haciendo referencia a procesos históricos similares, incluido el del mensalão, en el cual ambas participaban en calidad de jueces.

El ministro Gilmar Mendes, que no formaba parte de la primera instancia en la que se tramitó inicialmente el proceso, asistió a la sesión y decidió sentarse en la primera fila del pleno. Su presencia fue interpretada por algunos ministros como un acto de apoyo a las posiciones de Moraes y como una muestra de aislamiento respecto a Fux. Este gesto refleja la tensión y la fragmentación que caracteriza el debate en torno a la responsabilidad judicial de Bolsonaro.

Según la evaluación de Cármen Lúcia, quedó claro que el grupo liderado por Bolsonaro, incluyendo figuras cercanas al gobierno, las Fuerzas Armadas y órganos de inteligencia, planificó de manera sistemática y progresiva un ataque a las instituciones democráticas. Ella señaló que esa estrategia pretendía obstructar la alternancia en el poder tras las elecciones de 2022, además de interferir con el funcionamiento de otros poderes constitucionales, en particular el Poder Judicial.

Estos argumentos refuerzan la percepción de que Bolsonaro, en su papel de líder, coordinaría acciones para consolidar su permanencia en la presidencia, desafiando las reglas democráticas.

Acusaciones, juicio y posibles consecuencias penales

La denuncia formal contra Bolsonaro fue presentada fundamentada en negociaciones y acciones realizadas en la recta final de 2022, con el objetivo de impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) en ese año. Según las acusaciones, Bolsonaro y sus aliados habrían articulado una serie de estrategias para evitar la transferencia del poder de manera pacífica, en lo que algunos especialistas consideran un intento de golpe de Estado.

El proceso, que se desarrolla en un escenario marcado por una polarización política intensa, se encuentra justo antes del inicio del período electoral para 2026. La mayoría de los ministros del STF se han manifestado en contra de eventuales perdones políticos, reafirmando la necesidad de que la justicia actúe según la ley sin favorecimientos y de forma estricta.

La eventual encarcelación de Bolsonaro sólo ocurriría una vez que se agotaran todos los recursos legales posibles, situación que, conforme a la jurisprudencia del tribunal, se produce tras la decisión definitiva en segunda instancia y la negativa a recursos de embargos.