Ignacio Alonso en una foto de archivo de la AUF

La Fiscalía de Delitos Económicos ha iniciado una investigación formal contra Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). La medida fue dispuesta por el fiscal Gilberto Rodríguez tras analizar un informe pericial contable. Dicho documento técnico fue elaborado por el equipo de la propia fiscalía para examinar la situación económico-financiera del ente rector del fútbol uruguayo.

La decisión de investigar se tomó luego de que el magistrado recibiera el informe contable. La resolución fiscal también alcanza a integrantes del anterior Comité Ejecutivo de la asociación. La pesquisa se enmarca en una denuncia penal presentada previamente por un grupo de trece clubes, quienes alertaron sobre discrepancias en los estados financieros.

Los clubes denunciantes señalaron la existencia de incongruencias entre los registros contables de la Conmebol y los reportados por la AUF. Según las fuentes, las partes investigadas, una vez convocadas oficialmente, deberán prestar declaración obligatoriamente acompañadas de un abogado defensor. El proceso judicial avanza sobre la base de las alleged irregularidades reportadas.

Presuntas irregularidades en la AUF

El origen de la causa se remonta al 30 de agosto de 2024, fecha en la que los clubes formalizaron la denuncia penal. Solicitaban específicamente que se investigaran presuntos delitos vinculados a “balances falsos” dentro de la administración de la AUF. La presentación judicial se efectuó directamente en una sede de la Fiscalía de Delitos Económicos.

En su fundamentación, los clubes afirmaron que “en múltiples oportunidades” realizaron solicitudes de explicaciones al Comité Ejecutivo de la AUF. Dichos pedidos estaban relacionados con el uso de los recursos económicos del fútbol. Según la denuncia, las inquietudes dirigidas al presidente Ignacio Alonso y su equipo “nunca los han contestado”, lo que generó una progresiva desconfianza.

El escrito judicial detalla que, según la percepción de los denunciantes, los gastos operativos de la AUF se han “incrementado enormemente”. Paralelamente, se observó que los ingresos habrían “disminuido”, configurando un escenario económico descrito como “muy comprometido”. Esta situación habría sido solventada con instrumentos de deuda.

La denuncia sostiene que el desequilibrio financiero fue cubierto mediante la obtención de préstamos del Banco República, los cuales habrían aumentado su monto de manera progresiva. Adicionalmente, se habrían utilizado anticipos por montos millonarios provenientes de la Conmebol que, según la acusación, “no aparecen en los balances” contables oficiales de la AUF, lo que configuraba las alleged irregularidades.

Desde la asociación, se ha rechazado de forma categórica la existencia de cualquier manejo irregular en la gestión contable. En su defensa, la AUF ha atribuido la denuncia de los clubes a intereses externos, identificando específicamente a la empresa Tenfield. La argumentación sugiere que el trasfondo del conflicto se relaciona con los derechos de televisación del fútbol uruguayo.

La investigación fiscal procederá ahora con la citación formal de los involucrados para recabar sus declaraciones indagatorias. El caso avanza bajo la órbita del fiscal Gilberto Rodríguez, quien tendrá la tarea de determinar si existieron maniobras delictivas en la administración de los fondos de la AUF o si las discrepancias responden a otros factores.